Los regantes somos conscientes de la naturaleza pública del agua y la importancia de su defensa.
El agua siempre ha constituido una forma simplista de hacer política, es una de las cuestiones en estas tierras nuestras que más nos sacan a la calle, más apela a nuestra identidad. No en vano hemos construido nuestra conciencia colectiva en torno al Ebro, y en torno a nuestra necesidad de agua.
Por ello, leo incrédulo afirmaciones en las que se presupone la voluntad de los regantes de “vivir de rentas” gracias a la venta de agua y sigo leyendo perplejo que se atribuya al Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro la posibilidad de llevar a cabo trasvases y contratos de cesión de aguas.
Hace años que la Federación de Regantes de la cuenca del Ebro se manifestó en contra de los contratos de cesión de derechos, en aquella ocasión se planteaban como solución al problema de sequía que se producía en la Zona Metropolitana de Barcelona. Estudiadas las distintas alternativas la Ministra competente en aquel tiempo, Cristina Narbona propuso como solución temporal los contratos de cesión de derechos de riego. Solución que fue aplaudida, véase artículo correspondiente en El País de fecha 7 de abril de 2008, por el Profesor Pedro Arrojo.
En aquel momento los regantes dijimos que nos oponíamos a los contratos de cesión, ya que abrían la puerta a la mercantilización del agua, y conscientes de la importancia de la defensa del agua como bien público, y en tanto en cuanto el Ebro es una cuenca con zonas deficitarias, la debida solidaridad entre territorios de la cuenca obligaba a no poner en funcionamiento mecanismos de este tipo.
También podemos encontrar un extenso análisis de esta cuestión en el texto titulado “Transferencia de derechos privativos de uso de aguas en España estado de la cuestión” (2008) Informe elaborado para la Dirección General de Aguas del Ministerio de Medioambiente bajo la coordinación de D. Pedro Arrojo Agudo. En el que, con ciertas salvaguardas, se volvía a avalar la opción de los contratos de cesión de derechos.
Entendemos que la política tenga estas cosas, y que no es lo mismo asesorar a quién gobierna, que generar tensión para formar Gobierno. Pero también entendemos que las cuestiones deben de ser abordadas con la seriedad que merecen.
De otro lado, y en un inusual ejercicio de cinismo de sillón, leemos que sale más rentable vender el agua que sembrar maíz, y de forma ladina se insinúa que esa es la voluntad del regante. Podríamos calificar la frase de injuria sin temor a errar.
Con tamaño insulto se ningunea el trabajo de familias que día a día mantienen vivo el territorio, con su paciencia y su tesón. Que permiten que el medio rural no sea un desierto poblacional, apto para “pájaros”, pero no para personas en condiciones de igualdad con el medio urbano en cuanto a sanidad, educación y cultura. Se presupone vileza y ansia de enriquecimiento, obviando la labor de mantenimiento de toda una cultura la rural, fácil de desprestigiar desde el podio de un sillón.
El trasvase a día de hoy está derogado, y a quién finalmente forme Gobierno será a quien le corresponda regular. No se entiende tamaña campaña de utilización política del agua, sino por quien no entiende del interés común y de las dificultades de gobernar. El PHE necesitaba ser aprobado, independientemente del Gobierno estuviese en funciones, o de que se hubiese constituido el nuevo Gobierno, ya que la demora en su aprobación acarreaba multas por parte de la UE que no eran asumibles por las arcas públicas, y por qué suponían la paralización de fondos europeos que era necesario que se comenzasen a gestionar. Era una cuestión de responsabilidad política. Lo que no se entiende es el afán de derogación sin establecer un marco de trabajo y entendimiento que propicie el consenso sin generar rupturas territoriales.
